CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS.- Empresas constructoras y grupos de volqueteros de los municipios de Cintalapa y Jiquipilas, actúan bajo impunidad todos los días, causando daño al medio ambiente extrayendo de manera ilegal el material pétreo del Río “La Venta”.
A pesar de que en ocasiones la ciudadanía ha mostrado su inconformidad por esta práctica, ninguna autoridad llámese, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o Comisión Nacional del Agua (Conagua), han hecho algo para poner un alto a los infractores o en su caso sancionarlos.
La extracción de la grava y arena, es una de las actividades que durante muchísimos años ha dejado cuantiosas ganancias a estos grupos, sin embargo; ellos no aportan nada para mejorar las condiciones del medio ambiente o a la misma sociedad.
La anarquía y la impunidad, son dos factores que han venido de la mano entre autoridades competentes e infractores, causando abundar más al deterioro de los ríos y afluentes acuíferos.
En este sentido, las autoridades deberían aplicar lo estipulado en las leyes de equilibrio y protección al ambiente, por la explotación indiscriminada e ilegal de los materiales pétreos no solo del río “La Venta” sino de todos los ríos de Chiapas que sean explotados.
De acuerdo a denuncias públicas y dadas a conocer en medios de información, no solo los municipios de Cintalapa y Jiquipilas se han visto afectados sino también el de Chiapa de Corzo, donde a diario saquean el material pétreo del río “Santo Domingo”.
Existiendo total impunidad al operar de manera ilegal y clandestina sin contar con la documentación adecuada y permisos que proporciona la Conagua.
Eso deja al descubierto que en el estado de Chiapas se tolera la anarquía en cuanto a estas actividades ilícitas que solamente tienen la finalidad de enriquecerse y afectar el medio ambiente.
Por lo tanto, la sociedad hace un exhorto a la Profepa para que investigue y tome juicio ante este daño severo e irreversible, ya que sí está facultada por la ley para proceder en consecuencia.
De existir bancos de arena autorizados para su explotación por alguna dependencia federal o estatal, debería darlas a conocer para evitar desgastes en las denuncias, pero eso sí; deben ser supervisadas constantemente para evitar que los grupos abusen. / ALBERTO RUIZ
