Consenso entre ejidatarios soluciona controversia social y logra retorno de familias

Firman involucrados, pacto de civilidad en asamblea y se comprometen a respetar lineamientos internos

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Con diálogo conciliatorio y la construcción de un acuerdo reparatorio de daños entre las partes en controversia social, se consolidó el retorno digno de dos familias y la restitución de bienes a las mismas, tras ser expulsadas en 2021 del ejido Ponciano Arriaga, del municipio de Totolapa.

Este fin de semana, un grupo de trabajo constituido por la Fiscalía General del Estado (FGE), Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Secretaría General de Gobierno y el presidente municipal de Totolapa, atestiguó la firma del pacto de civilidad realizado en asamblea extraordinaria en la Casa Ejidal de la localidad, acto que refrendó el acuerdo suscrito el pasado 15 de octubre que incluyó al Gobierno de Chiapas, CNDH, FGE, Poder Judicial del Estado, Tribunal Agrario y al Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA).

A través del instrumento legal, se logró la restitución de trece hectáreas, dos viviendas y los derechos a la propiedad a las familias que, en conjunto con líderes comunitarios y demás habitantes, se comprometieron a respetar los acuerdos y el reglamento interno del ejido para fomentar un entorno de respeto y convivencia pacífica.

En representación de las personas retornadas, Jesús Alberto Pérez López dijo sentirse dichoso de tener la oportunidad de volver a su lugar de origen y agradeció al gobernador Rutilio Escandón, a la secretaria general de Gobierno y a las instancias que brindaron acompañamiento para alcanzar el diálogo con la asamblea en la comunidad, y dar paso a la reconstrucción del tejido social.

La Secretaría General de Gobierno colabora, en su carácter de instancia mediadora, para que los procesos de atención a los grupos sociales se den dentro de un marco legal y se ajusten a los criterios tendientes a mantener la estabilidad política y social, así como el fomento de una cultura democrática que contribuya a fortalecer la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones.

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